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El próximo 23 de octubre, a las 10 de la mañana, comenzará el primer juicio por corrupción contra Máximo Kirchner, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, llegará al debate procesada como jefa de dicha asociación. A pesar de la apelación presentada por el Ministerio Público contra la separación de las causas Hotesur y Los Sauces, en Comodoro Py aseguran que ese recurso “no tiene efecto suspensivo” y que el juicio arrancará dentro de dos semanas.
El debate se centrará en la empresa Los Sauces S.A., la inmobiliaria familiar que tuvo como clientes principales a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, ambos contratistas del Estado y responsables del 86% de la facturación de la firma. La empresa nunca contó con una sede comercial y desde su creación mantuvo la misma cantidad de inmuebles en alquiler.
Será la primera vez que Máximo Kirchner enfrente un juicio como acusado. El proceso será exclusivamente presencial, con tres audiencias semanales programadas para los lunes, viernes y sábados. Además, se reservaron los sábados 24 y 31 de octubre de 2026, la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 y eventualmente la segunda semana para continuar con las audiencias si fuera necesario. Este esquema podría ajustarse según otros juicios que involucren a algunos de los acusados.
Para la ex presidenta Cristina Kirchner, este será su tercer juicio por corrupción. Actualmente, cumple una condena de seis años por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el caso Vialidad, desde un departamento ubicado en la calle San José 1111. Además, es la principal imputada en la causa Cuadernos, cuyo debate oral comenzó el 6 de noviembre pasado, donde se la acusa de liderar una asociación ilícita dedicada a recaudar fondos ilegales, con la imputación de haber recibido 204 sobornos.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) volvió a separar las causas Los Sauces y Hotesur, decisión que fue cuestionada por el fiscal general Diego Velasco y una de las defensas, la del escribano Ricardo Albornoz, quienes solicitan que ambos casos se juzguen de manera conjunta a partir del 23 de octubre. A estos reclamos se sumará próximamente la Unidad de Información Financiera (UIF), la única querella en esta causa.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín que el TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, no demorará en responder, y no se espera que modifique la decisión previamente adoptada: el juicio de Los Sauces se realizará en octubre, mientras que el de Hotesur comenzará en marzo de 2027. Quienes rechazan esta división planean acudir a la Cámara Federal de Casación Penal, aunque este recurso carece de efecto suspensivo, por lo que el juicio iniciará en la fecha prevista.
Una fuente judicial recordó además que “es potestad del tribunal definir la organización y modalidad del juicio, eso es jurisdicción del tribunal”.
La fiscalía argumenta que vencer la separación de los casos es fundamental, ya que dividirlos debilita la evidencia reunida sobre una misma maniobra de lavado de activos, aunque involucren dos empresas diferentes de la misma familia. Ambos expedientes comparten a 16 imputados. Asimismo, el fiscal Velasco alertó sobre el riesgo de cosa juzgada, que impediría que lo juzgado en un caso pueda utilizarse en otro.
### Maniobras investigadas en Los Sauces y Hotesur
Según la acusación, Los Sauces S.A., que supuestamente se dedicaba a actividades inmobiliarias y hoteleras, se utilizó para canalizar fondos que los grupos Báez e Indalo enviaban a los Kirchner como contraprestación por contratos y concesiones estatales. Entre 2009 y 2016, Los Sauces facturó a esas empresas 25.968.042,30 pesos por alquileres, lo que representaba cerca del 88% de su facturación. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostienen que algunos contratos correspondían a propiedades innecesarias para la actividad de los locatarios o establecían montos superiores a los valores de mercado. Además, indicaron que los accionistas habrían retirado más de 10 millones de pesos bajo diferentes conceptos una vez que el dinero ingresó a la sociedad.
En cuanto a Hotesur S.A., propietaria del hotel Alto Calafate —explotado hasta 2013 por Lázaro Báez a través de Valle Mitre—, la fiscalía atribuye las operaciones de lavado de dinero a fondos provenientes de la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas del Grupo Austral. Austral Construcciones, empresa principal de Báez, inyectó 70 millones de pesos a Valle Mitre mediante préstamos intercompany, para que esta última pagara alquileres a Néstor y Cristina Kirchner.
El requerimiento de elevación a juicio señala que parte de esos fondos se canalizaron mediante la explotación hotelera, incorporando a la familia Kirchner los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea —vinculado con Los Sauces—, que luego se alquilaron a Valle Mitre. A su vez, empresas del Grupo Báez realizaron transferencias a la gerenciadora del hotel Alto Calafate mediante contrataciones de servicios y habitaciones, y esta a su vez abonó los cánones correspondientes.
Según los fiscales, Valle Mitre pagó a Hotesur más de 28 millones de pesos durante la relación
