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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaron la reactivación de una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Griselda Margarita Arredondo Pinzón, identificada como una alta ejecutiva financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta contadora mexicana es buscada por la justicia estadounidense por dirigir un complejo esquema internacional de fraudes y lavado de dinero que afectó a miles de ciudadanos.
Las autoridades estadounidenses acusan a Arredondo Pinzón de supervisar, desde la oficina central del cártel en Jalisco, una red de estafas dirigida a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos. Los fondos ilícitos obtenidos eran posteriormente blanqueados e inyectados en la estructura económica del grupo criminal para financiar la compra de armamento, el pago a sus integrantes y el tráfico transnacional de drogas.
Griselda Margarita Arredondo Pinzón, conocida dentro de la organización como «Gris», nació el 1 de junio de 1990 en Puerto Vallarta, Jalisco. Contadora de profesión, logró ascender dentro de la jerarquía del CJNG hasta convertirse en una de sus principales operadoras financieras.
Según los expedientes judiciales del Departamento de Justicia de EE. UU., Arredondo Pinzón comenzó a involucrarse en la logística financiera del cártel alrededor de 2012. Desde la sede central, supervisaba directamente la contabilidad y el funcionamiento de los call centers dedicados al fraude, coordinando la recepción, dispersión y blanqueo de los activos de la red.
La orden de captura internacional contra Arredondo Pinzón se sustenta en la acusación formal presentada el 27 de octubre de 2025 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. Se le imputan los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, debido a que su labor fue clave para el sostenimiento financiero del grupo criminal.
A través de su gestión contable, canalizó cientos de millones de dólares provenientes de extorsiones hacia empresas fantasma y fideicomisos controlados por la cúpula del cártel. Ante la magnitud del daño económico causado y su rol estratégico en la organización, las autoridades estadounidenses la incluyeron en su lista prioritaria de objetivos financieros.
El esquema de estafas administrado por Arredondo Pinzón se originó en 2012 bajo la dirección del empresario Omar Aguirre Barragán —ya fallecido—, de quien el cártel aprendió la metodología antes de asumir el control total y eliminar intermediarios. La red utilizaba call centers ubicados en la zona turística de Puerto Vallarta, operados por personal bilingüe que contactaba a ciudadanos estadounidenses propietarios de inmuebles en régimen de tiempo compartido.
Los estafadores se hacían pasar por corredores inmobiliarios o abogados que ofrecían comprar o alquilar propiedades a precios atractivos, exigiendo pagos previos por impuestos o costos de cierre que nunca culminaban en una transacción real. Posteriormente, volvían a contactar a las víctimas con identidades falsas, haciéndose pasar por funcionarios del gobierno de EE. UU., Interpol o de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), solicitando más dinero a cambio de la supuesta recuperación de los fondos. Entre 2019 y 2024, más de 6,000 víctimas reportaron pérdidas que superan los 350 millones de dólares.
La investigación contra Arredondo Pinzón está vinculada directamente con la estructura de mando del cártel, debido a su relación familiar con Julio César Montero Pinzón, alias «El Tarjetas», su medio hermano. Montero Pinzón es identificado como cofundador del brazo armado Grupo Elite y figura en el tercer nivel de la cúpula del CJNG según la OFAC. Por información sobre «El Tarjetas», también acusado en el mismo expediente por fraude y lavado de dinero, Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares, elevando a 12 millones la suma total por ambos hermanos.
La persecución contra la contadora forma parte de la ofensiva global anunciada por Washington, que suma más de 100 millones de dólares en recompensas contra la dirigencia del CJNG. El objetivo de las agencias federales estadounidenses es desmantelar el grupo criminal cortando simultáneamente sus vínculos políticos, su brazo operativo y sus canales de financiamiento con ingresos ilícitos.
