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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó a los agentes de ICE suspender de manera inmediata la mayoría de los controles de tránsito en todo el país. Esta medida se implementa junto con la obligación de equipar a los equipos de arresto con cámaras corporales.
Esta decisión marca un giro inesperado en las tácticas de control migratorio de la administración de Donald Trump, luego de la muerte de dos inmigrantes que recibieron disparos mortales por parte de agentes federales en menos de una semana.
Las víctimas de estos operativos fueron identificadas como Johan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 25 años fallecido en Maine, y Lorenzo Salgado Araujo, de origen mexicano, abatido en Houston. Ninguno de los dos era el objetivo original de los agentes.
La suspensión de las paradas vehiculares busca frenar los incidentes de violencia vial, permitiendo únicamente excepciones muy específicas. Los agentes de ICE solo podrán realizar estas detenciones bajo órdenes de arresto judicial por delitos graves o en operativos conjuntos de seguridad.
Por su parte, Tom Homan, conocido como el «zar de la frontera», minimizó el impacto de la medida ante la prensa, describiéndola como una «breve pausa» para entrenamientos tácticos y descartando que la suspensión reduzca significativamente la cantidad de arrestos diarios.
La crisis migratoria se agravó este martes tras reportarse un tercer fallecimiento en Florida. Un joven de 28 años murió atropellado por un camión de carga mientras huía a pie de un control de las fuerzas federales, lo que desató nuevas protestas civiles.
Como parte de la reforma, se estableció que al menos un integrante de cada equipo de detención de ICE debe portar una cámara corporal encendida durante las operaciones. En los tiroteos ocurridos en Texas y Maine, los oficiales involucrados no contaban con ningún registro audiovisual que pudiera esclarecer los hechos.
La Casa Blanca atribuyó el retraso en la entrega de estos equipos a las paradas presupuestarias del Congreso a principios de año. Sin embargo, las oficinas federales ya cuentan con una partida aprobada de 20 millones de dólares para completar la distribución este mes.
El homicidio de Durán Guerrero generó una fuerte crisis diplomática con el gobierno de Colombia. El presidente saliente Gustavo Petro condenó enérgicamente el hecho a través de redes sociales, calificándolo como un asesinato selectivo y exigiendo explicaciones directas a Donald Trump.
La delegación del Congreso de Maine solicitó formalmente una investigación externa liderada por el Inspector General del DHS y el FBI, advirtiendo que la agencia de inmigración no puede investigarse a sí misma tras los cuestionamientos de la comunidad.
Durán Guerrero, quien residía legalmente y trabajaba en dos empleos para mantener a su hija de tres años, fue despedido con vigilias comunitarias. Varios testigos aseguraron haberlo escuchado gritar «intenté detenerme» antes de recibir los disparos dentro de su vehículo.
Simultáneamente, organizaciones de derechos humanos en Houston están coordinando audiencias públicas para esclarecer la muerte de Salgado Araujo. El consulado mexicano gestiona permisos humanitarios de emergencia para que los familiares directos puedan asistir al funeral.
